Recién se realizó en la ciudad de Cartagena la Sexta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas (PR18) llevada a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia los días 20, 21 y 22 de junio de 2018, el escenario no pudo haber sido el mejor tomando como base que es el país a nivel mundial con la mayor cifra de desplazados internos (7,2 millones informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados y del Observatorio de Desplazamiento Interno y cuenta con «la más grave y prolongada» crisis humanitaria de Latinoamérica, agravada además por su fragilidad ante los desastres naturales, (ONU), producto del conflicto internos colombiano.
En este evento los representantes de los gobiernos del continente que participaron llegaron a un acuerdo plasmado en la “Declaración de Cartagena” documento que hay que mencionarlo impulsara la cultura de prevención en la región, las partes firmantes deberán: fortalecer las alianzas regionales, impulsar las as agendas de desarrollo, un impulso a los acordado en SENDAI, incluir al sector privado en estas acciones, dicha declaración sin embargo no deja de tener su talón de Aquiles, como ser un mecanismo coercitivo que obligue a los gobiernos a implementarla, tampoco se establecen horizontes de tiempo para implementarla, por lo que como red de sociedad civil debería de preocuparnos, ya que no hay garantía de que se cumpla lo establecido en este acuerdo, y debemos retomar acciones de influencia para que los gobiernos de la región retomen lo pactado en dicha declaración e inclusive ir más allá, asegurarnos de que se incluyan tópicos que están ausente en la declaración como ser el conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios, la corrupción galopante en la región que facilita la construcción social del riesgo, los eventos subyacentes como la violencia que se cobran mas vidas que los eventos mas tradicionales en la GR, por lo tanto es un reto enorme para la sociedad de civil apoyar e impulsar esta declaración y asegurar su cumplimiento por parte de los gobiernos firmantes.
